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El espacio doméstico es el “dominio de las mujeres”. O eso suponemos. La idea que ha impregnado el pensamiento a lo largo de la Historia parece desintegrarse cuando se evalúan sus consecuencias en países como Colombia, donde el nivel de riesgo máximo para las mujeres se concentra en “su territorio”.
El precepto bíblico de obediencia de las mujeres persiste en la mentalidad de muchos (y muchas) como prueba o condición social de su “feminidad”. Detrás de la puerta de la alcoba, prevalece la idea de que ellas son propiedad de su compañero o esposo.
No deja de ser una paradoja que logremos triunfos en el campo de lo público (el derecho a elegir, a ser elegidas; desde hace nueve años podemos decidir si proceder o no con una interrupción voluntaria del embarazo en tres casos, etc.) y científico (por ejemplo, la píldora anticonceptiva que abrió el camino de la maternidad como decisión), mientras en el ámbito doméstico seguimos sin resolver dudas claves...
En ese sentido, una de las grandes conquistas en materia de derechos de las mujeres es el reconocimiento de la relación sexual como acto de mutuo consentimiento. No importa la clase de relación que medie entre la pareja: intercambio casual, amistad, noviazgo o matrimonio. Ambos miembros deben estar de acuerdo.
El lunes, Colombia conmemoró el Día por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual, una medida simbólica en el marco de la Ley de Víctimas, para insistir en la reparación de quienes han padecido ese tipo de vejámenes. (Es un homenaje a la periodista Jineth Bedoya, torturada y violada por paramilitares el 25 de mayo de 2000).
El Registro Único de Víctimas incluye 7’392.679 personas. Entre ellas, 10.042 declararon haber padecido delitos de violencia sexual, el 90 % (8.996) son mujeres, de las cuales 966 son afrodescendientes, 150 indígenas y 34 gitanas. Según la Unidad de Víctimas, a mayo de 2015, Antioquia ocupa el vergonzoso primer lugar nacional con 1.836 registros, le siguen Nariño (726), Magdalena (677), Bolívar (565) y Putumayo (527).
¿Cuántos de esos casos ocurren en medio de la confrontación bélica o bajo intimidación armada en entornos urbanos? ¿Cuántos en el hogar?
La violencia sexual (sea o no doméstica) no es un asunto privado. Ni la conmiseración por cercanía afectiva o filial, ni los celos, ni el estado de alicoramiento (o de excitación bajo otras sustancias estimulantes), ni ningún otro poder social, justifican las “violaciones caseras”.
Cada mujer tiene derecho a decidir con quién compartir el espacio íntimo de una relación sexual. Ningún rango familiar (ni esposo ni padre ni tío ni primo ni hermano) otorga derechos de “sangre” sobre su cuerpo.
La relación sexual sin consentimiento mutuo, sea o no incestuosa, es un delito. Es una violación. No es un asunto privado, “para arreglar entre la pareja”: tiene que ser denunciado ante las autoridades.
Quien conozca el delito y no lo denuncie, se convierte en cómplice.
Esos “trapitos” sucios no se lavan en casa.
